El artículo de Eduardo Valdés publicado por el diario Perfil el sábado pasado descubre gráficamente las creencias del autor pero también la de importantes sectores de la política y la opinión pública sobre el papel de la ley y la justicia en la vida social.
Retomando una denuncia judicial realizada por el senador Gerardo Morales sobre la supuesta omisión en la rendición de dineros públicos que le fueran otorgados a la dirigente social Milagro Sala, el mencionado autor se propone restarle legitimidad apelando, principalmente, a dos argumentos que me interesa deconstruir y analizar detalladamente.
El primero de ellos estaría relacionado con la calidad moral del denunciante. Según el ex funcionario grossista y kirchnerista Valdés, el pasado delarruista del denunciante Morales sería un impedimento a la hora de exigirle cuentas a terceros, aun cuando estas exigencias fueran pertinentes.
Valdés, defensor de la familia de la médica cubana Hilda Molina, cree razonablemente que ésta puede exigir el respeto a sus derechos fundamentales al Estado cubano a pesar de haber sido durante años una importante pieza del sistema castrista. Sin embargo, al mismo tiempo, niega a Morales el derecho a apelar a la justicia en función de una “portación de pasado” que, por supuesto, a él no lo alcanzaría a pesar de su ecléctico currículo político.
Al finalizar el artículo el autor se entusiasma con la posibilidad de aplicarle a Morales una ley que sirva para juzgar su paso por la función pública olvidando que si la misma ley se aplicará a él por el conflicto con Botnia (sucedido cuando era Jefe de Gabinete del entonces canciller Rafael Bielsa), su destino podría ser más complicado que el del senador radical.
La justicia, desde este punto de vista, sólo sirve para ser aplicada a los demás, a los otros, ya que la subjetividad propia es la única vara que puede medir la responsabilidad política o legal. Se pone en práctica así el dicho de un olvidado dictador latinoamericano “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”
El segundo argumento presentado por el abogado Valdés es que las instituciones formales que regulan el uso de fondos públicos carecen de importancia y deben ser aplicadas en función de la eficiencia con que fueron usados. En este caso, considerando la altísima eficacia que la denunciada (Milagro Sala) habría logrado gastando los dineros que el Estado nacional le facilitó, no haría falta ningún tipo de rendición de cuentas ni control por parte del organismo que otorgó el dinero.
A favor de este último argumento, el peronista Valdés presenta una elocuente serie de cifras que no quedan claro de donde fueron obtenidas y que en nombre de la defensa de los pobres justificarían la construcción de un Estado paralelo en la provincia de Jujuy, gobernada por su propio partido en forma ininterrumpida desde 1983. La paradoja esta a la vista. El PJ conduce el Estado formal desde la gobernación y también el paralelo, mediante los fondos públicos que aporta el Estado Nacional.
Detrás del discurso expuesto en el artículo se encuentra uno de los dramas argentinos: la creencia muy extendida que las formas y el fondo de las políticas públicas son elementos contrapuestos. Más que cuestionar la arbitrariedad en el ejercicio del poder o la ilegalidad de determinados actos cometidos por el Estado nacional o provincial, se critica que esa arbitrariedad no coincida con las creencias ideológicas o los intereses que cada grupo defiende coyunturalmente.
Retomando una denuncia judicial realizada por el senador Gerardo Morales sobre la supuesta omisión en la rendición de dineros públicos que le fueran otorgados a la dirigente social Milagro Sala, el mencionado autor se propone restarle legitimidad apelando, principalmente, a dos argumentos que me interesa deconstruir y analizar detalladamente.
El primero de ellos estaría relacionado con la calidad moral del denunciante. Según el ex funcionario grossista y kirchnerista Valdés, el pasado delarruista del denunciante Morales sería un impedimento a la hora de exigirle cuentas a terceros, aun cuando estas exigencias fueran pertinentes.
Valdés, defensor de la familia de la médica cubana Hilda Molina, cree razonablemente que ésta puede exigir el respeto a sus derechos fundamentales al Estado cubano a pesar de haber sido durante años una importante pieza del sistema castrista. Sin embargo, al mismo tiempo, niega a Morales el derecho a apelar a la justicia en función de una “portación de pasado” que, por supuesto, a él no lo alcanzaría a pesar de su ecléctico currículo político.
Al finalizar el artículo el autor se entusiasma con la posibilidad de aplicarle a Morales una ley que sirva para juzgar su paso por la función pública olvidando que si la misma ley se aplicará a él por el conflicto con Botnia (sucedido cuando era Jefe de Gabinete del entonces canciller Rafael Bielsa), su destino podría ser más complicado que el del senador radical.
La justicia, desde este punto de vista, sólo sirve para ser aplicada a los demás, a los otros, ya que la subjetividad propia es la única vara que puede medir la responsabilidad política o legal. Se pone en práctica así el dicho de un olvidado dictador latinoamericano “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”
El segundo argumento presentado por el abogado Valdés es que las instituciones formales que regulan el uso de fondos públicos carecen de importancia y deben ser aplicadas en función de la eficiencia con que fueron usados. En este caso, considerando la altísima eficacia que la denunciada (Milagro Sala) habría logrado gastando los dineros que el Estado nacional le facilitó, no haría falta ningún tipo de rendición de cuentas ni control por parte del organismo que otorgó el dinero.
A favor de este último argumento, el peronista Valdés presenta una elocuente serie de cifras que no quedan claro de donde fueron obtenidas y que en nombre de la defensa de los pobres justificarían la construcción de un Estado paralelo en la provincia de Jujuy, gobernada por su propio partido en forma ininterrumpida desde 1983. La paradoja esta a la vista. El PJ conduce el Estado formal desde la gobernación y también el paralelo, mediante los fondos públicos que aporta el Estado Nacional.
Detrás del discurso expuesto en el artículo se encuentra uno de los dramas argentinos: la creencia muy extendida que las formas y el fondo de las políticas públicas son elementos contrapuestos. Más que cuestionar la arbitrariedad en el ejercicio del poder o la ilegalidad de determinados actos cometidos por el Estado nacional o provincial, se critica que esa arbitrariedad no coincida con las creencias ideológicas o los intereses que cada grupo defiende coyunturalmente.
Que le pregunten al respecto a los bloques legislativos de la centroizquierda, felices cuando el Estado arbitrariamente nacionalizó el fútbol o Aerolíneas e indignados cuando se les aplicó a ellos la excluyente ley de reforma política. Cuando la arbitrariedad es la norma, más tarde o más temprano, la sentencia de Bertolt Brecht se cumple, pero ya es tarde.
El jurista Carlos Nino afirmaba que argentina era un país extraño porque, finalmente, obtenía peores resultados violando la ley de los que hubiera podido conseguir respetándola. Luego de años de golpes militares, terrorismos de Estado, corrupción, privatizaciones y estatizaciones irregulares, parece increíble que los argentinos no hayamos aprendido que son tan importantes las cosas que se hacen como la forma en que se implementan.
En la publicidad estilo soviética del Canal 7 aparece un spot donde la presidente Fernández afirma que pocas veces, como ocurre hoy en América Latina, los presidentes fueron tan parecidos a sus sociedades. En lo que a nosotros respecta, no deja de ser un diagnóstico que, de ser cierto, clausuraría cualquier optimismo por el futuro inmediato.
El jurista Carlos Nino afirmaba que argentina era un país extraño porque, finalmente, obtenía peores resultados violando la ley de los que hubiera podido conseguir respetándola. Luego de años de golpes militares, terrorismos de Estado, corrupción, privatizaciones y estatizaciones irregulares, parece increíble que los argentinos no hayamos aprendido que son tan importantes las cosas que se hacen como la forma en que se implementan.
En la publicidad estilo soviética del Canal 7 aparece un spot donde la presidente Fernández afirma que pocas veces, como ocurre hoy en América Latina, los presidentes fueron tan parecidos a sus sociedades. En lo que a nosotros respecta, no deja de ser un diagnóstico que, de ser cierto, clausuraría cualquier optimismo por el futuro inmediato.
1 comentario:
Me interesaría, si me permite, desmarcar el análisis que el articulo propone de la defensa particular al senador morales, la cual es pertinente, adhiero, pero opino opaca cuestiones centrales que aquí se presentan, entre otras: la (in)efectividad de la ley y la practica discrecional de hacer "justicia" .
Si bien el lenguaje de la justicia es muy importante, claro está, también lo es empezar a hablar un lenguaje político que haga justicia. Pensarlas juntas me parece un desafío fundamental de los tiempos de hoy. Tal vez sea pertinente pensar en la imagen de justicia que tenemos habitualmente y en ese trabajo recuperar las primeras imágenes que propusieron los romanos. Esta era la de una dama que veia, con una balanza en la mano y una espada en la otra, planteando al mismo tiempo la posibilidad de equilibrar las partes, o de ser ecuánime, con la capacidad de acción, con la fuerza. Tal vez sea hora de sacarle(nos) la venda. Si la sociedad no puede interrogarse a sí misma, si no conversa del sentido que puede tener la convivencia actual y futura, resta a la política su razón de ser. Mejor dicho, renuncia a la política como el esfuerzo colectivo de construir una comunidad de ciudadanos y se contenta con la gestión de los negocios de cada día.
Hasta aquí mi comentario, nos seguimos leyendo.
Publicar un comentario