Falta demanda social por la integración

En la práctica, el parlamento del MERCOSUR (Parlasur) no existe. Sus miembros no son elegidos en forma directa por los ciudadanos y su conformación tampoco respeta las proporcionalidades existentes entre las poblaciones de los países del bloque. Estas son dos características básicas que todo parlamento debiera cumplir para definirse como tal.

El Parlasur no posee potestades de ningún tipo. Sólo tiene permitido elaborar un informe anual sobre los Derechos Humanos en la región, que encima, cuenta con los obstáculos que pone Venezuela para su realización. Por eso, apenas produce declaraciones de beneplácito y/o repudio sin impacto en la realidad cotidiana.

Además, no se observa ninguna voluntad de los poderes ejecutivos nacionales de entregar, aunque sea, mínimas atribuciones para dotarlo de alguna fortaleza legislativa. Los partidos y sus principales figuras –oficialistas u opositores- no lo consideran un ámbito desde donde maximizar sus capitales políticos. Por el contrario, es percibido como una potencial amenaza que –de consolidarse- pondría incómodos limites a la soberanía de los Estados aun empeñados en aplicar políticas proteccionistas o, en el caso de Brasil, en continuar su camino ascendente en forma individual.

No obstante, este panorama pesimista podría cambiar. Los gobiernos decidieron que entre el 2011 y el 2012 se realicen elecciones directas para elegir a los diputados del Parlasur. Esto podría desatar dinámicas no esperadas cuando estas elecciones comiencen a convertirse en termómetros de la política interna. Posiblemente, a partir de esto, el Parlasur comience a cobrar una relevancia no prevista por los gobiernos de turno. No sería la primera vez que los políticos crean que pueden fundar instituciones que a ellos no los van a condicionar.

Sin embargo, para garantizar que el Parlasur se convierta en un efectivo ámbito de representación es necesario además que la sociedad civil y sus organizaciones lo visualicen como tal. El Parlasur, como el MERCOSUR también, necesita que se movilicen demandas sociales a favor de la integración así como abundan reclamos en sentido contrario. Sólo de este modo, el Parlasur podría transformarse en un verdadero poder regional.

(publicado en El Estadista 20/05/2010)

Los DD.HH. son míos, míos, míos....

Los DD.HH. en la Argentina. Todo un tema. ¿Todo un tema? En los últimos días tuve la posibilidad de ver algunas encuestas donde se consultaba a habitantes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sobre cuestiones diversas. En una de las tantas preguntas, se les pedía que expusieran los 10 y 20 temas que más le preocupaban en su vida cotidiana. La cuestión de los DD.HH. no aparecía mencionada en ninguna ocasión, enterrada bajo la inseguridad, la educación, la economía (inflación, salarios) y un largo etcétera de problemáticas cotidianas y no tanto.

Intuitivamente supongo que la cuestión de juicios, castigos, derogaciones, amnistías, homenajes y ADN´s, no forman parte del bagaje de preocupaciones y debates de la mayoría de los habitantes de este país. Aún más, ni siquiera me animaría a preguntarles cual es la opinión que poseen sobre el tema, porque temería que las respuestas muestren lo endeble de aquello que creemos tan sólido.

Si esto pudiera cuantificarse fehacientemente pondría de relevancia el fracaso de las políticas de un Estado -tan regodeado en su progresismo de salón- que viene invirtiendo fuertemente en el sostenimiento de programas, burocracias y medios de comunicación destinados a amplificar socialmente su visión sobre el pasado reciente, pero sin preocuparse demasiado por los resultados obtenidos.

Por eso es que la posibilidad de realizar un plebiscito -como propuso hace unos días el ex presidente Eduardo Duhalde- crea escozor entre la dirigencia oficialista y alguna opositora, autonombrados propietarios del franchising DD.HH. SA.

Existe un justificado temor a que una consulta de esas características obtuviera un resultado que destroce el mito progre sobre la irreductible voluntad del “pueblo” argentino frente al pasado militar. El caso uruguayo es un recordatorio de aquella temida posibilidad. En 1989 se plebiscitó la ley de caducidad y el resultado afirmativo terminó de aprobar la ley amnistiadora que se propuso en 1986, bajo el gobierno del entonces presidente Sanguinetti.

A partir de entonces, la mitología progresista -que afirmaba que el pueblo “quiere justicia”- acusó al entonces gobernante Partido Colorado de haber puesto todos los mecanismos del Estado para coaccionar a la sociedad e influenciar un voto a favor de la ley de amnistía. La nueva consulta que se realizó bajo el gobierno del Frente Amplio -coincidiendo con la elección presidencial de 2009- se presentaba como la oportunidad de revertir aquella coyuntura, ya que el Estado –en esta ocasión- estaba conducido por la izquierda.

Como se sabe, a pesar del triunfo del ex Tupamaro José Mujica, la boleta que abogaba por la caducidad de la ley no logró los votos necesarios para imponerse, por lo cual, la ley de amnistía continua vigente por haber triunfado dos veces en sendas consultas populares. Vox populi, ¿Vox dei?

Está claro que esto no es algo a lo que el franchising DD.HH. S.A. quiera arriesgarse en Argentina. Y tampoco parece necesario. El franchising habla y agita en nombre del “pueblo” pero mantiene el tema en las seguras, reducidas e influyentes manos de una elite ubicada en lo más alto de la pirámide social.

A diferencia de lo ocurrido en algunos países centroamericanos donde la represión estatal se dirigió a exterminar poblaciones enteras de indígenas y campesinos, en Argentina gran parte del terrorismo de Estado estuvo dirigido a dirigentes políticos, intelectuales, sindicalistas, artistas, universitarios y periodistas, entre otros. Muchos de ellos, ocupan hoy posiciones muy importantes en sus respectivas corporaciones.

El repudio a la Dictadura se sostuvo durante la década de 1980 en su fuerte expansión popular, sustentada, además, por hechos de profundo impacto social como el informe CONADEP y el juicio a las juntas. En esta nueva etapa K, su vulgarización se sostiene en la repetición de conceptos vagos y ahistóricos (cuando no contradictorios) por una parte de una elite dirigencial vinculada con el PJ y sus empleados de turno (Hebe Bonafini y -lamentablemente- las abuelas de plaza de mayo) más que en un convencimiento de la sociedad de a pie o en un consenso de las pricipales fuerzas políticas y sociales.

Y esta elite (unida también por redituables negocios con el Estado) se ha dedicado a reescribir la historia para imponer su propia opinión como ideología de Estado sin percatarse que, en el mediano plazo, la falta de involucramiento de la sociedad en el tema, podría convertirlo en un gigante con pies de barro.